La justicia social es uno de los principios primordiales del derecho agrario y una de las obligaciones fundamentales del estado hacia sus administrados. Hoy en día se considera al derecho agrario como un mecanismo del Estado para brindar esa justicia social a sus administrados; esta justicia social en materia agraria, comprende una igualdad de oportunidades de desarrollo para las personas, una distribución equitativa de las tierras, igualdad de condiciones con los otros sectores económicos e intervención estatal mediante la creación de normas juridicas que regulen la actividad agraria y sus actores; con el fin de promover el desarrollo integro, material y espiritual de las personas.
¿Pero es este supuesto una realidad en el medio costarricense?
Para responder a esto debemos analizar las políticas del estado en el sector agro para promover los elementos antes citados; dentro de las cuales podemos nombrar:
1- nuestro país en materia jurídica ha desarrollado legislación y jurisdicciones para regular la actividad y resolver los conflictos que de ella se susciten.
2-la creación del IDA.
3-la asignación de tierras a agricultores por parte del estado, para que desarrollen su actividad agraria.
4-fomento y apoyo de diversos sectores económicos hacia el empresario agrario.
Pero aunque en nuestro país se estén impulsando esta variedad de propuestas para una brindar una justicia social a las personas mediante el fomento de la actividad agraria, la realidad es que hoy en día el sector agro es uno de los sectores económicos mas vulnerables de nuestra sociedad. Para muestra de esta posición podemos observar la gran corrupción que se ha suscitado con la asignación de tierras de cultivo para personas de escasos recursos por parte del estado, muchas de las cuales están en manos de personas que no son de escasos recursos y mucho menos agricultores, sumándole a esta la actividad otra que es igual de común, que sería la venta de estas tierras a personas privadas sin ningún nexo con la agricultura; negándole así el acceso al desarrollo integral a personas o agricultores de escasos recursos.
Además de lo antes citado, podemos observar que el sector agro no compite en igualdad de condiciones con los demás sectores económicos, esto se puede ejemplificar con las practicas de importación de productos agrícolas del extranjero, que se pueden producir en Costa Rica, pero que al importarse del extranjero salen mas baratos que producirlos en suelo nacional, siendo así los precios de venta de estos productos importados mas competitivos en el mercado de ofertas que los producidos por nuestros agricultores, conllevando esto al colapso de muchos empresarios agrícolas que no poseen la capacidad competitiva para sobrevivir en el mercado.
Junto con esto, el difícil acceso a créditos bancarios por parte de los empresarios agrícolas; aunque en esta materia los entes bancarios han desarrollado políticas comerciales para hacer accesibles los créditos a los empresarios agrarios, la verdad es que estos incentivos son insuficientes para muchos micro empresarios, que por la desigualdad de condiciones de competitividad en el mercado, no pueden conllevar las obligaciones que generan la adquisición de dicho préstamo.
¿Por tanto realmente la situación del sector agro es un reflejo de la justicia social que el estado debe brindar a sus administrados?
Les dejo esa inquietud para que realmente analicemos si es cierto lo que escuchamos siempre de los de tentadores del poder: su famoso compromiso con el sector mas pobre de la sociedad, y de las estrategias que desplegaran para brindar la tan anhelada justicia social.
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